Inclusión laboral de personas con discapacidad, la gran deuda [El Quinto Poder]

TRABAJO

En este primero de mayo se conmemora el día internacional de los y las trabajadoras y de nuevo, como ha sido la tónica de siempre, escasean las demandas laborales hacia la igualación de oportunidades para acceder y permanecer en un trabajo digno para las personas que viven en condiciones de discapacidad.

Muchos ya sabrán que efectivamente las personas con discapacidad somos discriminados y excluidos de la sociedad, principalmente de la participación social, educación y mundo laboral. Sin embargo no todos saben la envergadura del nivel de exclusión en nuestro país que quisiera graficar en esta oportunidad y mostrar por qué se necesitan políticas efectivas para ampliar la inclusión y no continuar con los programas que benefician a una población muy pequeña y no se generan cambios de raíz, sino más bien siguen siendo programas asistencialistas, superficiales y temporales.

Nuevamente, como el estudio más confiable hasta ahora en temas de discapacidad, sigue siendo la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) del año 2004, usaremos los datos de ese estudio, a pesar de la distancia temporal que existe, pero lamentablemente no se han actualizado esta información y por ahora no se puede confiar en los datos entregados por el INE en el último Censo.

En Chile 1 de cada 8 (12,9%) personas tiene una discapacidad ya sea de carácter leve, moderado o severo, ya sea de tipo física, sensorial, psíquica, cognitiva u orgánica. De este grupo, el 29,2% mayores de 15 años realizan una actividad remunerada, mientras que, en el periodo de la medición, el 48,1% de la población total trabajaba. En la actualidad se habla sobre lo cercano que estamos al pleno empleo, me gustaría mucho saber de ese porcentaje que sigue desempleado, ¿cuántos de ellos tendrán una discapacidad? No me sorprendería que la mayoría de ellos sean personas con discapacidad que siendo productivos no tienen posibilidades de acceder a un empleo de calidad.

Lo anterior contribuye a que las familias con integrantes con discapacidad disminuyan considerablemente sus ingresos y de paso aumentan sus costos por temas de salud. El impacto que tiene la falta de oportunidades laborales y la falta de derechos que les permita a las personas con discapacidad acceder a un trabajo se ve reflejado en que el 39,5% de la población con discapacidad esté en el rango de condición socioeconómica baja, mientras que esta cifra es de 25,5% en la población total, denotando que efectivamente la discapacidad influye en hacer a las familias más pobres por falta de oportunidades laborales que les permitan generar ingresos.

También se debe considerar no solo la inserción de las personas con discapacidad, sino también los costos de oportunidad de los familiares, quienes muchas veces se ven enfrentados a renunciar a buenas ofertas laborales por el compromiso y responsabilidad de cuidado personal de las personas en situación de dependencia, disminuyendo aún más los ingresos al grupo familiar. Y acá recae nuevamente la responsabilidad insatisfecha por parte del Estado que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de una vida independiente, promover la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad y por consecuencia de sus familias y fortalecer el ejercicio de sus derechos.

El Estado también debe ser un articulador de generación de empleo a las personas con discapacidad, datos que nunca se han registrado ni estudiado en los organismos públicos y que recientemente se determinó realizar un levantamiento de esta información, por lo que queda esperar los resultados, pero sin duda esta información no será como para enorgullecerse.

Sin embargo no toda responsabilidad recae sobre los organismos del Estamos, si bien éste tiene obligaciones legales hacia este colectivo, son las empresas quienes tienen un rol que debería ser mucho más activo en la contratación de personas con discapacidad, pero aún persisten las barreras autoimpuestas por las empresas, como la falta de interés en la contratación muchas veces por desconocimiento de las habilidades de este grupo de personas, las típicas y erradas creencias de menor productividad y aumento de los costos por las adecuaciones para facilitar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo.

Si profundizamos más aún, nos damos cuenta que el tema es más amplio y multisectorial, donde tampoco lo es todo la generación de buenos puestos laborales, sino que el entorno donde se produce dicho empleo. La infraestructura donde se debe acceder al trabajo físico, el mobiliario y el uso de la tecnología también implica un análisis, y a eso se le teme, pero afortunadamente existen soluciones viables y de bajo costos para la adaptación.

El tema más difícil es el transporte. Basta solo imaginar cómo lo haría una persona con discapacidad física que no le alcanza para comprarse un auto adaptado que le permita transportarse de manera cómoda porque justamente en la realidad actual la discapacidad implica tener menos recursos. Entonces está la opción del transporte público, metro en Santiago y micros en todo el país. El metro por tener diferencias de niveles verticales hace muy complejo el uso de sistemas electrónicos como ascensores, salva escaleras o montacargas, donde lamentablemente las tecnologías fallan y no con poca frecuencia, muchas veces por el mal uso que les dan las personas justamente que no tienen discapacidad. En el caso de las micros, el Transantiago implementó buses con sistemas de rampas manuales, un sistema indigno no solo para la persona que usa una silla de ruedas, sino que para el acompañante que tiene que hacer un esfuerzo físico enorme para levantar esas rampas. Esta es una solución de accesibilidad encubierta porque se sigue dependiendo de otros para andar en la micro y es mediocre comparada con soluciones de rampas electrónicas que son usuales en países de verdad desarrollados. En regiones el sistema de transporte no es mejor que en Santiago, lamentablemente.

El hecho que me detenga a describir ampliamente el tema de transporte es la complejidad y la imposibilidad de usar estos medios para trasladarse al lugar de trabajo, es un criterio básico a considerar en las políticas públicas de inclusión laboral.

Por último resaltar la importancia en que se legisle pronto sobre la ley de cuotas que permanece desde noviembre de 2011 sin resolución en la Cámara de Diputados. Esto permitiría que las empresas y organismos públicos reserven un porcentaje de sus plazas a personas con algún tipo de discapacidad, favoreciendo la incorporación al mundo laboral de este grupo que ha sido históricamente discriminado y vulnerado en sus derechos fundamentales en todos los ámbitos sociales.

Artículo en El Quinto Poder

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